El robo de automóviles crece día a día y una importante cantidad de homicidios se dan en ocasión de aquel tipo de delito. La mayor parte de esos autos robados se usan para un ulterior ilícito o para su desarme y venta, sin embargo la policía y los jueces se empecinan en perseguir a los centros de reciclado legales y se hacen los distraídos con los clandestinos.

El 7 de agosto de 2003 se promulgó la ley 25761, más conocida como “ley de autopartes o ley de desarmaderos” impulsada por la senadora mendocina María Cristina Perceval quien, preocupada por la escalada de robos de automóviles destinados a su desguace y posterior comercialización de piezas, trató de echar un poco de luz sobre el tema. El autor de esta nota tuvo la oportunidad de participar como asesor en la redacción de esta ley donde el espíritu que quiso darle la legisladora fue que “la policía no tuviera la necesidad de obtener una orden de allanamiento para poder controlar un desarmadero, porque cuando la conseguía ya era tarde”. Según datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, actualmente hay 35 empresas legalmente habilitadas para cumplir esta tarea de desarme y comercialización de piezas que se nutren de vehículos dados de baja principalmente por compañías de seguros.

Cada día amanecemos con las tristes noticias referidas a la inseguridad, muchas de las cuales provienen de robos violentos de automóviles. Se considera que un 30% de los asesinatos se producen en ocasión de robo de vehículos de todo tipo. Cuando esto ocurre y el ambiente se pone demasiado pesado, las policías y los jueces optan por “cazar en el corral” controlando, limitando o directamente clausurando a los desarmaderos legales. De esta forma aparecen en los medios como firmes combatientes de la inseguridad cuando en realidad solo se trata de una maniobra de distracción para que los verdaderos desarmaderos ilegales que ellos conocen perfectamente dónde están y como operan sigan en la suya.

En Argentina se roban aproximadamente 70.000 autos por año, más del 30% a mano armada, de los cuales casi la mitad desaparece. Son más de 35.000 autos que a algún lugar van, en algún lugar se los desarma, en muchos lugares se comercializan sus partes. ¿Las autoridades no saben donde están esos lugares? ¿O prefieren, vaya a saberse por qué, no decirlo? Por otro lado las aseguradoras dan de baja por pérdida total aproximadamente 18.000 autos anuales. Esos vehículos legalmente dados de baja, legalmente vendidos y legalmente adquiridos, sí se sabe a dónde van. Y esos lugares son los centros de reciclado legales a los que las autoridades recurren para realizar clausuras que demuestren su seudo-preocupación por el tema.

Debido al cierre de las importaciones en la Argentina se percibe un importante desabastecimiento de repuestos de automóviles y/o precios exagerados. A ello se suma la escasa oferta de repuestos de fabricación nacional. Esto pone en riesgo la seguridad vial ya que el parque automotor “anda como puede” en muchos casos. Eso lo vemos en nuestras rutas y calles o simplemente con nuestra propia experiencia. Los centros de reciclado, en todo el mundo, han sido, son y serán una importante solución a la problemática de la provisión de repuestos, a la protección del medio ambiente y al ahorro energético. En todo el mundo se busca la “legalidad” de dichos centros y esa legalidad se demuestra con el origen cierto y conocido de su materia prima que no es ni más ni menos que los vehículos que salen de circulación. En Argentina vamos al revés del mundo, volvemos locos a los empresarios que trabajan dentro de la ley y miramos para otro lado con los delincuentes que roban y matan para hacer un negocio oscuro.

Fabian Pons

Presidente de OVILAM

(Fuente: El Seguro en Acción)