Un caso que ya lleva mucho tiempo.

El 2 de octubre de 2012, el Consejo de la Magistratura de la Nación autorizó un desembolso de 60 mil pesos para costear el último tramo de la pericia que determinará si la planta de Aluar en Puerto Madryn genera algún tipo de contaminación en la zona.

La causa Aluar data de 1997 y su carátula no necesita mayores explicaciones: “Sumario instruido por presunta infracción a la ley 24.051 (Medio Ambiente – Chimenea Aluar)”. La justicia federal ya invirtió cerca de un millón de pesos para completar la pericia, que incluyó estudios en la fauna, la flora y emisión de gases en el aire de la ciudad del Golfo y los campos aledaños. No hubo pruebas sobre personas.

El resultado se conocerá en este semestre. Con viento a favor, hasta es posible que en marzo haya novedades. La contratación de expertos fue inevitable porque la Dirección Pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no cuenta con profesionales en la especialidad que requiere el caso.

El dinero lo pidió el Juzgado Federal de Rawson y el trabajo lo realizará el doctor e ingeniero Salvador Enrique Puliafito, director del Grupo de Estudios de la Atmósfera y el Ambiente (GEAA) de la Facultad Regional de Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional.

Mariano Miquelarena, secretario penal del Juzgado que conduce Hugo Sastre, explicó que en ese tribunal “esperamos que se trate del último desembolso de dinero para completar la pericia”. El funcionario recordó que la causa tuvo un trayecto largo y complejo: se consiguió a los peritos en la última parte de la gestión de Jorge Pfleger y fueron designados oficialmente en 2006, cuando Sastre asumió como juez federal.

“Lo que sí tenemos que decir es que la plata que se pidió al Consejo de la Magistratura para las pericias, a la semana o a los 15 días estaba acá, nunca jamás nos dijeron que no”, aclaró Miquelarena. Se trató de pagos que se fueron acumulando. En el caso de los 60 mil pesos que se autorizaron en octubre, serán para afrontar los gastos de una práctica que consiste en “la modelación matemática de la dispersión de las emanaciones de fluor lineales y puntuales, provenientes de la planta productora de aluminio Aluar”.

El objetivo es “conocer la distribución de este contaminante (por el fluor) en las zonas aledañas a la planta y evaluar sus potenciales riesgos”. Según el Consejo de la Magistratura, pagar esta pericia “resulta razonable y acorde a la entidad, extensión y complejidad de la labor que se ordena ejecutar y que no existe persona alguna condenada”.

En cuanto a los plazos, Miquelarena apuntó que “más que procesales, son plazos que los peritos tienen de acuerdo a su especialidad. Creemos que en un par de meses la pericia tendría que estar finalizada completamente y deberíamos tener alguna definición”. Aunque los tiempos procesales suelen extenderse, el secretario arriesgó que en marzo el trabajo estaría listo. Claro que hay resultados parciales que el secretario prefirió no adelantar.

-La causa data de 1997, ¿no corre riesgo de prescribir?

-No, porque si hablamos de contaminación es un delito continuado y además tenemos medidas procesales vigentes.

El secretario penal aclaró que la pesquisa federal no está vinculada a otras investigaciones de la justicia provincial, como la del presunto abandono de persona que inició el fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez. En esta causa, la cúpula de la aluminera –incluido su dueño, Javier Madanes Quintanilla- fue sobreseída luego de que no pudiera probarse que los trabajadores del sector Moliendas estén expuestos a sustancias cancerígenas en la planta. “No nos pidieron nada para esas causas y no se han mezclado”, le dijo Miquelarena a este diario.

(Fuente: Diario Panorama)